La RED PARA LA PARTICIPACIÓN se articula en torno al diagnóstico compartido de que el proceso constituyente debe incorporar espacios de participación ciudadana de carácter consultivo y deliberativo, con enfoque de Derechos Humanos y justicia de género, y en cumplimiento con garantías de acceso universal; igualdad y no discriminación; descentralización territorial y sectorial; adaptabilidad a las necesidades de grupos excluidos; transparencia y acceso oportuno a la información; formación ciudadana; y suficiencia y autonomía presupuestaria.
